El máximo responsable de la Fundación Ideas, el think tank de los socialistas españoles, explica en www.paginasdigital.es ;sus ideas de cómo superar la dialéctica tradicional entre Estado y mercado y el papel que debe tener la sociedad en la prestación de servicios.
En un reciente artículo en El País usted apostaba por un "PSOE no sea sólo el partido que defienda el Estado de bienestar tradicional, sino que tiene que ser también el que apueste por modernizarlo y dinamizarlo". ¿En qué consiste esta modernización?
El Estado del Bienestar es una construcción de los estados europeos, especialmente en periodos de gobierno socialdemócrata, que en España desarrollaron intensamente los gobiernos de González y Zapatero. Ahora, sin embargo, hay factores coyunturales (como la crisis económica, el déficit público y el enorme desempleo) y factores estructurales (como el cambio demográfico o el cambio tecnológico) que generan nuevos riesgos sociales para los ciudadanos y al mismo tiempo obligan a repensar las viejas prestaciones. Ante esta situación algunos optan desde hace tiempo por reducir el Estado de bienestar, pero yo creo que es posible reformarlo y mejorarlo, con el objetivo de convertirlo en un mecanismo más efectivo de inclusión y reactivación social y en un potente motor de crecimiento económico. Mi propuesta es la de avanzar hacia un Estado dinamizador, que reforme los pilares tradicionales del Estado de bienestar (como la sanidad, la educación, el desempleo o las pensiones) y que cubra nuevos riesgos sociales. Los países nórdicos hace tiempo que representan la avanzadilla en esa dirección. En particular, me parece fundamental poner el énfasis en un enfoque preventivo y activador en nuestras políticas sociales, superando así el tradicional enfoque protector. Hay que empezar por las políticas activas de empleo (que deberían incorporar programas novedosos como el de rotación-sustitución o el de empresas en prácticas que ya funcionan en Dinamarca o Suecia). Y sobre todo el énfasis debe recaer en la inversión en la infancia y en las oportunidades para todos. También habría que flexibilizar las figuras existentes: por ejemplo, los parados o los pensionistas deberían poder combinar sus subsidios con puestos de trabajo complementarios que les mantendrían integrados. El Estado dinamizador se ocuparía de capacitar a las personas para una sociedad y una economía en cambio permanente y adaptaría sus políticas a una realidad híbrida, donde las personas pueden ser estudiantes y trabajadores, empleados y empresarios, retirados y activos, a veces de manera simultánea y varias veces en su vida.
También defendía huir de las viejas contraposiciones entre Estado y mercado, superar "el viejo estatalismo" y adoptar la idea de la Big Society de los conservadores británicos, que antes fue de la Tercera Vía de Bair. Es un discurso muy novedoso para la izquierda española. ¿Cómo habría que hacerlo?
En los últimos tiempos se ha ahondado en la literatura a propósito de la dialéctica tradicional entre Estado y mercado. El nuevo presidente de Francia, François Hollande, llegó a manifestar que su rival no era Sarkozy sino los mercados. El triunfo de las ideas neoconservadoras en lo moral y neoliberales en lo económico, inspiradas por los gobiernos de Thatcher y Reagan a comienzos de los 80, ha derivado en que, durante tres décadas, los mercados financieros han campado a sus anchas sin regulación mínima. Una economía especulativa, hasta 75 veces la economía real, ha generado burbujas tecnológicas, inmobiliarias y financieras que han terminado por explotar. Esta desregulación y sus nefastas consecuencias han abonado el discurso tradicional de la izquierda europea de someter y supeditar toda actividad económica a la vigía del Estado, alimentando la rivalidad. En mi opinión, sin embargo, ha llegado el momento de superar esa dialéctica. El Estado ha de ofrecer servicios públicos de calidad, impulsar sectores de la nueva economía (como las ecoindustrias, las energías renovables, la biotecnología o las industrias culturales) y garantizar que los mercados funcionan bien, sin burbujas y en plena competencia sin posiciones de dominio. Este es el terreno que necesitan los emprendedores, y ahí es donde se produce el cambio y la innovación productiva. Pero para la innovación y el avance social, el Estado no siempre es el agente más creativo, ni el más flexible. Las comunidades, los barrios, las asociaciones y las redes familiares o de amigos son muchas veces más capaces de ayudar a las personas en situaciones de necesidad, de aportar soluciones a problemas concretos, e incluso de ofrecer nuevas oportunidades a sus miembros para superar las dificultades. Por eso, creo que es importante apoyar sus actividades, dejarles espacio, premiar sus iniciativas y apoyarles desde el sector público para que las expandan y complementen las acciones del Estado. Lo importante no es tener una Gran Sociedad, como dice Cameron, sino avanzar hacia una Sociedad Mejor, y creo que todo lo que vaya en esa dirección debe ser parte de la agenda progresista de futuro.
¿Qué significa en este momento apostar por la participación social?
Yo creo que las personas tenemos que ejercer nuestro papel de ciudadanos, no sólo exigiendo nuestros derechos (por supuesto), sino también atendiendo de manera ejemplar nuestras obligaciones (como el pago de impuestos o la participación electoral, entre otros). Creo que esa es una buena forma de ayudar en la salida de la crisis primero, y avanzar después hacia una sociedad mejor. Incluso cuando no hay situaciones críticas, hay muchos ciudadanos que voluntariamente trabajan para su comunidad y mejoran el espacio público compartido con sus actitudes cívicas. Por ejemplo, los ciudadanos que reciclan las basuras, cuidan los jardines comunitarios, recogen a los animales abandonados, ayudan en actividades extraescolares, organizan el ocio de su comunidad, donan sangre, enseñan idiomas o atienden a los extranjeros realizan actividades ejemplares de ciudadanía que deberían tener un mayor reconocimiento público colectivo. No hace mucho, en la Fundación Ideas discutimos sobre estas cuestiones, y pronto publicaremos a algunos autores que defienden la idea de crear un sistema de puntos de ciudadanía que premie estos comportamientos. La participación ciudadana no debe circunscribirse al ámbito social. Creo que el activismo político es muy positivo para la calidad de nuestra democracia. Hoy en día las redes sociales ofrecen la oportunidad de contribuir de manera coral a elaborar programas electorales, decretos leyes, a enriquecer normativas nacionales y/o autonómicas, etc. Estamos en un momento donde es perfectamente posible cooperar, de manera horizontal, en la mejora de la sociedad y, por supuesto, de la arquitectura de nuestras instituciones públicas. El 15-M, con sus luces y sus sombras, ha demostrado que, con respeto y decisión, se pueden perfectamente introducir asuntos en la agenda política e influir en los debates públicos.
¿En su proyecto tiene cabida la sociedad civil para prestar servicios públicos?
La sociedad civil, en la práctica, ya presta, por supuesto de manera subsidiaria, servicios públicos. Así lo hacen comedores sociales, asociaciones de inmigrantes, ONG, etc. Eso es una cosa y otra muy distinta, como propone la señora Mato, es que la sociedad civil tenga que cubrir la atención sanitaria básica de inmigrantes sin papeles. Eso es imposible a día de hoy, y además inmoral, ya que estamos hablando de un servicio universal que debe garantizar el Estado, sin ningún tipo de discriminación. Creo que hay servicios públicos que, por su dimensión e importancia, deberá prestar siempre el Estado porque es el que puede ofrecer un mejor equilibrio entre equidad y eficiencia, solidaridad y excelencia, que son aspectos fundamentales para tener una sociedad cohesionada. Sin embargo, hay otros servicios de menor tamaño, que precisan más cercanía, un mayor conocimiento del terreno y una menor burocracia que sí pueden ser proporcionados por la sociedad civil. La integración de colectivos excluidos en los barrios, la atención a familias monoparentales o numerosas, el apoyo en situaciones de dependencia, la reactivación de los mayores, el ocio comunitario, la reforestación o las competiciones deportivas son sólo algunos ejemplos de la multitud de tareas que ya se realizan desde la sociedad civil y que deben reforzarse.
¿Qué importancia debería darle el nuevo PSOE a la relación con la sociedad?
Creo que hay que darle toda la importancia a esa nueva relación entre el PSOE y la sociedad. El PSOE tiene su origen en el movimiento obrero, pero ante todo es un partido de ciudadanos y para los ciudadanos. Es un partido socialista porque cree en la sociedad, como colectivo, y también cree en el potencial de cada uno de sus miembros para contribuir al bien común. Tras estos años de gobierno, es un buen momento para que el PSOE abra las agrupaciones de par en par, para que la gente que tiene mucho que aportar pueda hacerlo más allá del esquema férreo y un tanto obsoleto en el que en ocasiones se mueven los partidos. El activismo político y social no debe limitarse a las estructuras orgánicas. Las figuras de los simpatizantes, los militantes virtuales, o los voluntarios por proyectos deben reforzarse. En los próximos meses, la Fundación Ideas hará aportaciones a este debate en curso y a la propuesta de renovación institucional que está coordinando el ex ministro Ramón Jáuregui. Lo importante es lograr que se involucren en esta nueva etapa expertos en las más diversas materias y ciudadanos de toda condición; que lo hagan con ganas y nuevas propuestas, desde distintos sectores de la vida civil y profesional, y que contribuyan a actualizar la propuesta política con la que el PSOE se presentará a la sociedad en el futuro. Creo que ha llegado el momento de invitar a todo el mundo que tenga algo que aportar, dentro de un esquema de valores y una filosofía vital progresista, al proyecto común del PSOE.
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